Por: Nicolas Larenas Director de Agricultores Unidos
La catástrofe que ha reducido a cenizas los sueños de cientos de familias en el Gran Concepción no es un accidente natural; es una tragedia humana. Tras los incendios, la defensa de la Corma ha sido culpar al Estado por no autorizar quemas en invierno debido a los planes de descontaminación.
Como agricultores, conocemos esas restricciones. Pero leer que el sector más tecnificado del país se declara de “manos atadas” porque no le permitieron usar fuego, es un insulto a la inteligencia. Corma plantea un falso dilema: “o quemamos o se acumula el combustible”. Falso.
La tecnología existe. Las trituradoras forestales (mulchers) eliminan el peligro mecánicamente, transformando el residuo en protección para el suelo, sin humo y sin riesgo. Si un agricultor mediano entiende que el manejo moderno no usa fuego, ¿por qué los gigantes forestales no aplicaron esta lógica en zonas críticas?
La respuesta parece ser puramente económica. Pasar un mulcher es más caro que quemar. Pero aquí radica la hipocresía: estas mismas empresas ostentan certificaciones internacionales (FSC, PEFC) que prohíben el fuego y exigen protección del suelo. Usan el sello verde para vender, pero culpan a la burocracia para no invertir en seguridad mecánica en el patio trasero de nuestras ciudades.
Al condicionar la seguridad de 30.000 viviendas a un permiso de quema —que sabían sería rechazado—, la industria optó por proteger su margen de utilidad a expensas de la seguridad pública. Apostaron a la presión política y perdieron, pero quienes pagaron la apuesta fueron los vecinos de Hualqui, Tomé y Coronel.
Detrás de esas 4.000 hectáreas no hay solo “biomasa”; hay familias que hoy caminan sobre las cenizas de sus recuerdos porque alguien decidió que prevenir mecánicamente era “demasiado costoso”.
Por ello, no aceptamos el “empate” comunicacional. Exigimos una investigación real. No queremos mesas de trabajo, queremos saber si el ahorro financiero valió más que la seguridad de miles de chilenos. No aceptaremos que se use al Estado como chivo expiatorio para esconder una negligencia operativa. Las víctimas no merecen excusas de papel; merecen la verdad y la garantía de que nunca más la tacañería de unos pocos destruirá la vida de tantos.
